El cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas

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Con el ánimo de estimular la discusión informada de cara a la próxima reforma del sistema de financiación autonómica, FEDEA publica hoy un trabajo de Ángel de la Fuente en el que se repasa el procedimiento de cálculo de las necesidades de gasto (o poblaciones ajustadas) regionales que se utiliza en España y se discuten posibles mejoras de la metodología actual.

Las necesidades de gasto de las comunidades autónomas – que no deben confundirse con su financiación real (véase la nota más abajo) —son una pieza importante de los mecanismos redistributivos o de nivelación del sistema de financiación regional. De la Fuente repasa una serie de posibles cambios en la metodología utilizada actualmente para su cálculo, cuantifica sus implicaciones y valora la deseabilidad de su adopción de cara a la próxima reforma del sistema. Las modificaciones que, a su entender, convendría adoptar de forma inmediata son las siguientes:

1) Ligar las ponderaciones de las variables incluidas en la fórmula de
necesidades de gasto al peso observado en el gasto regional de los
correspondientes grupos de competencias. A estos efectos, se deduciría de los gastos observados la parte que se financia con transferencias condicionadas específicas, como los Fondos europeos, y no a través del sistema general de financiación.

2) Recuperar una pequeña partida de costes fijos, que ya existía en
versiones anteriores del modelo de financiación. Estos recursos se
repartirían a partes iguales entre todas las comunidades autónomas con el fin de ayudar a sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a otros servicios autonómicos, que son especialmente gravosos en el caso de las comunidades más pequeñas.

3) Desdoblar el indicador de necesidades de gasto educativo, reemplazando la población de 0 a 16 años por la combinación de la población 3-18 y el alumnado de las universidades públicas, con ponderaciones que reflejen el peso relativo del gasto educativo universitario y no universitario.

4) Desdoblar el indicador de necesidades de gasto en protección social, incluyendo en la fórmula de reparto, además de la población mayor de 64 años, la población en riesgo de pobreza o exclusión social

El autor considera que también sería deseable introducir correcciones por los niveles regionales de precios y de renta, así como, posiblemente, incorporar algún indicador del stock o el flujo de población inmigrante.

Para ello, sin embargo, sería necesario realizar algunos trabajos previos de carácter técnico, incluyendo la elaboración de un índice fiable de precios relativos regionales y un análisis detallado de los costes ligados a la inmigración.

¿Qué son las necesidades de gasto?

Esta variable nos dice cómo habría que distribuir los recursos del sistema de financiación regional para que todas las comunidades autónomas pudiesen ofrecer a sus ciudadanos un mismo paquete estándar de prestaciones, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre territorios en términos de los costes relativos de provisión de los servicios de titularidad autonómica. Así pues, se trata de una pauta ideal de reparto igualitario a la que los mecanismos redistributivos del sistema de financiación tratan de acercarnos, pero que generalmente no coincidirá con la financiación real de cada comunidad autónoma aunque sí tendrá un cierto impacto sobre la misma.

En el sistema español las necesidades de gasto se calculan utilizando una fórmula relativamente sencilla que reparte los recursos disponibles en proporción a un puñado de indicadores que se ponderan de acuerdo con su impacto sobre el gasto autonómico.

Estas variables incluyen indicadores de la población demandante de los principales servicios autonómicos (como la población en edad escolar o la población protegida por el Sistema Nacional de Salud, ponderada por tramos de edad) y algunas variables geográficas
(como la extensión territorial o la insularidad) que pueden incidir sobre los costes unitarios de provisión de los servicios públicos.

La fórmula de reparto se utiliza también para calcular la población
ajustada de cada comunidad autónoma – una variable que recoge las
necesidades de gasto regionales de una forma particularmente conveniente.

En este caso, lo que se distribuye con los criterios resumidos arriba no son los recursos económicos del sistema sino la población total del
conjunto de las comunidades de régimen común. Lo que se consigue con esta operación es ponderar las poblaciones regionales por un factor que recoge el coste diferencial por habitante de prestar en cada región los principales servicios autonómicos a un nivel de calidad uniforme para todas ellas.

FEDEA

Ángel de la Fuente 

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