La RSC, ¿Qué es?


 

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La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general.

Implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto.

Los 5 principios que rigen la RSC para el Observatorio de RSC

  1. La RSC incluye el cumplimiento de la legislación nacional vigente y especialmente de las normas internacionales en vigor (OIT, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Normas de Naciones Unidas sobre Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales en la esfera de los Derechos Humanos, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales).
  2. La RSC es de carácter global, es decir afecta a todas las áreas de negocio de la empresa y sus participadas, así como a todas las áreas geográficas en donde desarrollen su actividad. Afecta por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la actividad, prestación del servicio o producción del bien.
  3. La RSC comporta compromisos éticos objetivos que se convierten de esta manera en obligación para quien los contrae.
  4. La RSC se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en el ámbito social, medioambiental y económico.
  5. La RSC se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades de los grupos de interés.

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Ámbitos de la RSC

La RSC es un concepto transversal que afecta a distintos ámbitos de gestión de la empresa. Por tanto, las actividades desarrolladas en el marco de la RSC han de estar:

Vinculadas a la actividad básica de la empresa, tener una vocación de permanencia, e  implicar un compromiso de la alta dirección.

Derechos Humanos

El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que las empresas tienen la obligación de observar, respetar y promover los Derechos Humanos. Las empresas, como órganos de la sociedad, tienen la obligación de cumplir la normativa internacionalmente aceptada en materia de Derechos Humanos y promover el respeto por estos derechos y libertades en sus respectivas esferas de influencia. Esto supone que las compañías deben hacer lo posible por:

  • Promover los Derechos Humanos en los países donde operan.
  • Investigar cómo los Derechos Humanos pueden verse afectados por sus actividades en un país, antes de empezar a operar en él.
  • Velar porque la empresa cumpla con las normativas de Naciones Unidas, aplicando el principio de debida diligencia en sus operaciones y toma de decisiones.
  • Incluir una referencia explícita a la Declaración Universal de los Derechos Humanos u otros tratados internacionales de Derechos Humanos en sus códigos de conducta. Dichos códigos deben defender los Derechos Humanos de los empleados, proteger los de los miembros de las comunidades en las que operan, e implementar procedimientos y mecanismos de control suficientes.

Derechos Laborales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha emitido más de 200 convenciones en materia de condiciones laborales. Ocho de ellas especifican los cuatro derechos fundamentales de los trabajadores: Libertad de Asociación, prohibición del trabajo forzoso, prohibición del trabajo infantil y no discriminación.

En la Declaración Tripartita de Principios sobre Empresas Multinacionales y Política Social, así como en las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, se incluyen importantes aspectos sobre políticas de empleo en general, como la formación del personal, la gestión de quejas de empleados, y la negociación colectiva, entre otros.

Medio ambiente

Las Naciones Unidas reconocen el desarrollo sostenible como un Objetivo Universal.

Existen importantes tratados y convenciones entre los que se incluyen las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que especifican asimismo la responsabilidad de las empresas respecto a los efectos que tienen sus procesos, productos y servicios en la calidad del aire, del agua, en el clima y en la biodiversidad. Asimismo, se incluyen una serie de principios generales sobre la preservación del medioambiente tanto en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea como en la Declaración de Río de 1992, como son los de principios de cautela y de acción preventiva, el principio de corrección de los atentados al medio ambiente y en el principio de “quien contamina paga”.

Protección del consumidor

Las Directrices de las Naciones Unidas para protección del consumidor, se basan en ocho principios que legitiman internacionalmente los intereses de los consumidores: el derecho al acceso a bienes y servicios básicos, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a elegir, el derecho a ser escuchados y reclamar, el derecho a la educación como consumidor, así como el derecho a la sostenibilidad.

Las corporaciones deberían ayudar a implementar los principios de producción y consumo sostenible, según lo establecido por tratados nacionales e internacionales. El derecho del consumidor a una producción y un consumo sostenibles están especificados, entre otros, en la Declaración de Río, en el Informe Brundtland y en la Unión Europea.

Salud

El Derecho Universal a la Salud está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Esto implica, que las empresas tienen la obligación de contribuir a la no discriminación respecto al acceso a bienes y servicios relacionados con la salud, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad. Están además obligados a asegurar el acceso a la alimentación, refugio y condiciones de salubridad básicos, así como al suministro de agua potable. Por último, tienen la obligación de proporcionar a las comunidades donde operan, educación y acceso a la información relevante sobre salud y métodos de prevención de enfermedades.

Adicionalmente, las empresas tienen la obligación de garantizar un entorno de trabajo saludable lo que implica la prevención de accidentes y enfermedades.

Lucha contra la corrupción

La responsabilidad empresarial en el ámbito de la corrupción se encuentra recogida en el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que establece como delito que las empresas sobornen funcionarios públicos.

Por otro lado, relacionado con este aspecto, las empresas deberán tomar las medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y reglamentos relativos a la contabilidad, a la publicación de estados financieros y las normas de auditoría, con el fin de prohibir el establecimiento de cuentas fuera de libros, la realización de transacciones extracontables o insuficientemente identificadas, el registro de gastos inexistentes, la existencia de partidas con una incorrecta identificación de su objeto, así como la utilización de documentos falsos, con el fin de corromper a agentes públicos extranjeros o de ocultar dicha corrupción.

Otros ámbitos de la RSC

Después de lo expuesto hasta ahora, podemos fácilmente entender por qué la RSC es un concepto transversal, es decir, que afecta a distintos ámbitos de la gestión de la empresa.

Existen además otros aspectos relacionados con la RSC que, han sido recogidos en referencias internacionales, que aunque se encuentran aún en fase de discusión serán de gran importancia en la configuración de los modelos de gestión responsables y en las obligaciones que éstos supondrán para las empresas, como son las derivadas del respeto a las leyes de la competencia, al pago de impuestos, a la transferencia tecnológica, y el respeto a la soberanía nacional en los países donde opera.

Porqué es importante

A principios de la década de 1990, la globalización prometía un futuro lleno de buenos augurios. Se suponía que todos saldrían ganando, tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo. Parecía que la globalización produciría un desarrollo sin precedentes a escala mundial, pero todas esas expectativas se han ido diluyendo.

La globalización y sus efectos

El proceso actual de globalización está produciendo grandes desequilibrios, tanto entre los países como dentro de ellos. Efectivamente, se crea riqueza, pero hay muchos países y personas que no sólo no se están beneficiando, sino que sus condiciones de vida están empeorando. Además, su capacidad para influir en este proceso es nula.

La globalización no ha conseguido responder a las expectativas de los más desfavorecidos, muchos de los cuales viven en el limbo de la economía informal, sin derechos legales, subsistiendo de manera precaria en los márgenes de la economía global y con pocas posibilidades de subvertir esta situación.

Las reglas del juego de la globalización son injustas. Han sido diseñadas para beneficiar a los países industrializados avanzados, lo cual no resulta sorprendente si tomamos en cuenta que han sido establecidas por ellos. Paralelamente, las nuevas tecnologías de la información aumentan la conciencia sobre estos crecientes desequilibrios, que resultan moralmente inaceptables y políticamente insostenibles.

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Aumento del poder de la empresa en detrimento de los Estados

En este contexto económico, los grandes capitales y las empresas multinacionales tienen un importante papel que jugar ya que pueden promover, pero también impedir o incluso perjudicar, el desarrollo de políticas públicas o normativas, tanto a nivel nacional como internacional, que favorezcan un desarrollo más equilibrado y sostenible, la erradicación de la pobreza y el derecho a una vida digna.

En la actualidad, se calcula que en torno al 52% de las mayores economías mundiales son empresas multinacionales, por encima incluso, de países como Austria o Sudáfrica. Las multinacionales y las empresas comerciales en general están fuera del alcance de lo que muchos Estados pueden hacer para regularlas con eficacia, favoreciendo la aparición de vacíos legales que deben ser subsanados a través de normas jurídicas internacionales y no por la mera voluntariedad de las propias empresas.

Inversión Directa Exterior

El sector privado adquiere cada vez mayor protagonismo en la conducción del desarrollo económico.

El sector empresarial actúa en numerosas ocasiones en estados que se caracterizan por la debilidad o laxitud de sus legislaciones nacionales (en el ámbito laboral, fiscal etc.), al buscar con ello atraer la inversión directa extranjera, aún cuando esto dañe el propio desarrollo sostenible del país.

Deslocalización

La situación descrita anteriormente se hace más patente en los actuales procesos de deslocalización de procesos productivos. Las empresas buscan reducir sus costes, extendiendo su cadena de producción a países que habitualmente exigen o aplican menores garantías laborales o medioambientales. Por otra parte, el distanciamiento geográfico entre el lugar en el que la empresa toma las decisiones y los lugares donde éstas repercuten, unido a la proliferación de intermediarios y proveedores a lo largo de la cadena de producción y comercialización, lleva a diluir las responsabilidades sobre el impacto generado por la actividad de la empresa.

Privatización de servicios básicos

El poder económico y político de muchas empresas, como ya se ha mencionado, es superior al de los estados donde desarrollan sus actividades, por lo que pueden influir en el marco legislativo nacional, que en materia fiscal, laboral o medioambiental les es de aplicación. El sector privado está cada vez más involucrado en la prestación de servicios como el agua, la energía, la salud o la educación, servicios que tradicionalmente eran proporcionados por el sector público y que tienen un gran efecto sobre la vida de las personas.

Todo este contexto expuesto, ha favorecido el auge del debate sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como

Herramienta que sirva para aminorar el impacto negativo de las empresas en general y de las multinacionales en particular, sobre los derechos sociales, laborales, el medioambiente y en definitiva, sobre los Derechos Humanos.

La RSC y su contexto histórico

A mediados de los años noventa, organismos internacionales y diferentes estados acompañan a la sociedad en un llamamiento al sector privado para la asunción de un nuevo modelo de convivencia y de gestión que permita dar solución y respuesta a una nueva realidad globalizada y cambiante. Desde Naciones Unidas a la Unión Europea o la OCDE, el debate sobre la RSC se multiplica.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos o las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo tratan de marcar los mínimos para el respeto de los Derechos Fundamentales. Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales facilitan toda una serie de principios en áreas como los derechos o el medio ambiente que deben ser respetados por sus países miembros.

En el Informe Brundtland, publicado en 1987 por la Comisión Mundial sobre medio ambiente y desarrollo se incluye la definición de desarrollo sostenible como aquel que permite alcanzar el bienestar de las generaciones presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras la satisfacción de sus propias necesidades.

Del Foro Económico Mundial de Davos de 1999, y como consecuencia de una iniciativa presentada por Kofi Annan en el marco de las Naciones Unidas, surge el Global Compact o Pacto Mundial tratando de involucrar a las empresas en los principios de la responsabilidad social corporativa.

Tras la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, y la Cumbre de Río +5 de Nueva York, la Cumbre de Johannesburgo del 2002 gozó de una muy importante participación de la sociedad civil, siendo uno de los temas latentes la responsabilidad social corporativa abriendo el debate sobre la necesidad de un marco regulatorio y la formalización de políticas de RSC.

En el año 2000, se produce la publicación de la versión definitiva de la primera guía del Global Reporting Initiative (GRI), a iniciativa de PNUMA y CERES, facilitando a las empresas unos criterios básicos para la elaboración de las memorias de sostenibilidad.

Las inquietudes comunitarias encuentran su reflejo en la publicación en el año 2001 del Libro Verde de la Unión Europea, para el fomento de un Marco Europeo para la Responsabilidad Social Corporativa.

En los últimos doce años el avance en materia de RSC ha sido pausado. A raíz de la comunicación “Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad La Responsabilidad Social Corporativa Observatorio de RSC 14 social de las empresas” de octubre de 2011, la Comisión Europea marca una estrategia en RSE que obliga a los Estados miembros publicar planes nacionales de RSE en concordancia con las iniciativas internacionales e insta a la Comisión Europea a regular el reporte no financiero en las grandes empresas. También aporta una nueva definición que desvincula la RSE de la acción puramente voluntaria por parte de la empresa: La responsabilidad de las empresas debe asumirse en base a sus impactos en la sociedad. El respeto de la legislación aplicable, y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales, es un requisito previo para cumplir esa responsabilidad.

También establece que “para cumplir plenamente con su responsabilidad social, las empresas deben implementar un proceso de integración social, ambiental, ética, derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones comerciales y en las decisiones estratégicas en estrecha colaboración con las partes interesadas, con el objetivo de: maximizar la creación de valor para sus accionistas y de sus otros interesados y la sociedad en general.

Para maximizar la creación de valor compartido, se aconseja a las empresas adoptar a largo plazo un enfoque estratégico basado en la RSE, y explorar las posibilidades del desarrollo de productos innovadores, servicios y modelos de negocio que contribuyan al bienestar de la sociedad y dar lugar a una mayor calidad y más empleos productivos: identificar, prevenir y mitigar sus efectos adversos. La complejidad de este proceso dependerá de factores tales como el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus operaciones. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las microempresas, el proceso de RSC es probable que permanezca de una manera informal e intuitiva.

Para identificar, prevenir y mitigar los posibles efectos adversos, las grandes empresas y las empresas con especial riesgo de provocar tales impactos, se deben llevar a cabo procesos de debida diligencia, incluyendo a sus cadenas de suministro. Algunas empresas, como las cooperativas, mutualidades, y las empresas de propiedad familiar, tienen unas estructuras de gestión que pueden propiciar una conducta empresarial responsable.

Podemos calificar como desigual la respuesta de los diferentes estados a las nuevas preocupaciones sociales, siendo mayor la respuesta en los países del norte de Europa. Un lugar especial, ocupan Dinamarca, Reino Unido por la existencia de una Secretaría de Estado para la RSC.

En el caso británico, se ha facilitado un marco fiscal favorable para incentivar las iniciativas empresariales responsables. Suecia trata de implicar de manera prioritaria a las empresas públicas en la RSC y las empresas de cierto tamaño deben presentar de manera obligatoria junto con sus balances financieros un informe de impacto ambiental. El caso francés ha sido uno de los pioneros en su desarrollo normativo mientras que Alemania se ha centrado más en propuestas de carácter voluntario. Más reciente, es la llegada de la RSC a países como España, Italia, Portugal y Grecia que requieren de un mayor esfuerzo e involucración.

 

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En España

El movimiento a favor del desarrollo sostenible y la promoción de la RSC llega a España en los años 90. La mayor internacionalización de las empresas y el desarrollo de sus actuaciones fuera de nuestras fronteras hace que cada vez más, un número creciente de empresas españolas se sientan presionadas para que asuman la responsabilidad de sus actos.

La Asociación de Instituciones de Investigación Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO), siguiendo las tendencias del resto del mundo introducirá el concepto de Inversión Socialmente Responsable. Las empresas españolas, para poder participar de estos fondos, debían cumplir con determinados requisitos de carácter ético y de transparencia.

Siguiendo con este movimiento, las empresas que cotizan en Bolsa se vieron obligadas a responder a las nuevas tendencias de información y transparencia, exigidas por unos accionistas cada vez más informados y concienciados. En la actualidad, las empresas del IBEX35 facilitan información sobre aspectos de RSC en sus memorias anuales siguiendo la mayoría los criterios del GRI, no obstante esta información es insuficiente y en la mayor parte de los casos aporta escaso valor al considerarse no neutral, ni objetiva ni comparable.

Los trabajos de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el impulso de la RSC finalizaron con la publicación en diciembre de 2006 del Libro Blanco, siendo reflejo del compromiso de las instituciones públicas en la RSC.

Siguiendo en esta línea, el Foro de Expertos de la RSC fue constituido el 17 de marzo de 2005 por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la participación de varios ministerios y de expertos provenientes de grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. Sus trabajos concluyeron el 12 de julio de 2007, en una sesión en la que se acordó el documento “Las Políticas Públicas de fomento y desarrollo de la RSC en España”.

El Código del Buen Gobierno para el Gobierno de España, los Códigos Olivencia y Conthe, la ‘Ley de Igualdad’, el ‘Plan Concilia’ y la incorporación, aunque meramente anecdótica, de cláusulas sociales en las contrataciones públicas son otros de los ejemplos que ponen de manifiesto el camino realizado en los últimos tiempos en esta materia.

A propuesta de la Subcomisión Parlamentaria para promover y potenciar la responsabilidad social de las empresas (2005), como por el Foro de Expertos en RSE (2005), y la Mesa de Diálogo Social (2007), en 2008 se crea el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). Se trata de un órgano paritario formado por 56 vocales representando a la Administración, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales e instituciones de prestigio en el ámbito de la RS. Su función es ser un órgano asesor y consultivo del Gobierno (no ejecutivo) que identifica y promociona mejores prácticas y propone las políticas de responsabilidad social al Gobierno. Creado por el Gobierno por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero.

Herramientas

Las empresas disponen de diferentes herramientas para integrar la RSC dentro de sus negocios. Las más utilizadas son las siguientes:

  • Códigos de Conducta. Se tratan de declaraciones formales que definen los estándares de actuación ética de las organizaciones que lo suscriben de forma voluntaria.

GUÍAS E INICIATIVAS

  • Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social. Publicada el 1 de noviembre de 2010 tras un proceso multistakeholder de seis años de trabajo y en cuyo en cuyo desarrollo participó el Observatorio de RSC a través de Red Puentes Internacional.

Estándar internacional que proporciona orientación sobre los principios que subyacen en la responsabilidad social, las materias fundamentales y los temas que constituyen la responsabilidad social y sobre las maneras de implementar la responsabilidad social en la actividad y gestión interna de cualquier tipo de organización.

No es una norma certificable sino una guía con recomendaciones y orientación en torno a la RSC.

La ISO 26000 identifica siete materias que incluye la RSC

  1. Gobernanza de la organización
  2. Derechos Humanos
  3. Prácticas laborales
  4. Medioambiente
  5. Practicas justas de operación
  6. Asuntos de consumidores
  7. Participación activa y desarrollo de la comunidad.
  • Pacto Mundial de la ONU. Iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas, mencionada por Kofi Annan en la Cumbre Económica Mundial de Davos (enero de 1999) e iniciada un año más tarde durante el Forum Económico Mundial (enero de 2000).

Su objetivo es conseguir un compromiso de libre adscripción de las entidades en responsabilidad social por medio de la implantación de 10 principios basados en derechos humanos, laborales, ambientales y de lucha contra la corrupción.

Las entidades que se adhieran se comprometen a implantar voluntariamente los 10 principios en sus estrategias y en sus operaciones, y a informar a la sociedad de los avances logrados en la implantación de estos principios, a través de la elaboración y publicación anual un documento denominado Informe de Progreso.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA RSC

  • SA8000 La norma SA 8000 es propiedad de Social Accountability International. Es una norma internacional para la responsabilidad social, de carácter voluntario, cuyo objetivo es asegurar el respeto de las normas básicas relacionadas con los derechos humanos.

Cubre los siguientes ámbitos de la RSC:

– Trabajo infantil

– Trabajo forzado

– Salud y seguridad

– Libertad de asociación y el derecho de intercambio colectivo

– Discriminación

– Prácticas disciplinarias

– Horas de trabajo

– Remuneración

– Sistemas de gestión

  • ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad

Norma que proporciona un conjunto de exigencias normalizadas para un sistema de gestión continua de calidad, cualquier sea el ámbito de actividad, el sector o el tamaño de la organización que lo aplica.

  • ISO 14001: gestión medioambiental

La norma establece los criterios para un sistema de gestión ambiental y se puede certificar. No específica cuales son los niveles de performance medioambiental que se deben alcanzar, pues la norma puede ser utilizada por cualquier organización, independientemente de su sector o actividad.

  • EMAS

Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría elaborado por la Unión Europea. Es una herramienta de gestión para las empresas y otras organizaciones para evaluar, informar y mejorar su comportamiento medioambiental.

  • Norma UNE 165010 EX

“Ética. Sistema de gestión de la responsabilidad social en la empresa”. Desarrollada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) en 2009 en línea con el proceso de definición de la ISO 26000. Se trata de una guía con criterios para el mejor ejercicio de la Responsabilidad Social de la Empresa. No es certificable.

  • IQNet SR10

Sistema de gestión de la Responsabilidad Social desarrollado por IQNet a partir de la norma RS 10 de AENOR a la que sustituye. Es certificable.

  • Modelo de excelencia EFQM

Creado en 1991 por la European Foundation for Quality Management (EFQM) es un marco de trabajo no-prescriptivo basado en nueve criterios, que puede utilizarse para evaluar el progreso de una organización hacia la Excelencia. el Modelo EFQM no es un modelo normativo pues no supone ninguna certificación. Su objetivo es dar la posibilidad a las empresas de realizar su propia autoevaluación respecto a la implantación de sus sistemas de calidad. El Modelo EFQM se relaciona con las herramientas de RSC pues admite que “el mejor modo de servicio a los intereses a largo plazo de la organización y a las personas que la integran es adoptar un enfoque ético, superando así las expectativas y la normativa de la comunidad en su conjunto”.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE RSC

  • GRI

Global Reporting Initiative o GRI es una institución multistakeholder independiente cuya misión es proporcionar un marco fiable y creíble para la elaboración de memorias de sostenibilidad, que pueda ser utilizado por la organizaciones cualquier sea su tamaño, su sector o su ubicación.

Hoy en día la guía GRI es el principal estándar internacional para la elaboración de memorias de sostenibilidad.

La guía describe el contenido general que debe ser integrado en la memoria tanto como los contenidos sectoriales específicos. Consigna un conjunto de Principios, cuya finalidad es garantizar la calidad de la información divulgada, de las Orientaciones para la La Responsabilidad Social Corporativa Observatorio de RSC 22 elaboración de memorias, y también presenta una serie de Contenidos Básicos, formados por Indicadores de desempeño y otros apartados, así como varias pautas sobre aspectos técnicos relacionadas con la propia elaboración de memorias.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

  • AA1000

La Norma AA1000 fue creada en 1999 por el Institute of Social and Ethical Accountability. Es una norma de procedimiento que pretende garantizar la calidad de las rendiciones de cuentas y de las evaluaciones, que puede ser utilizada por todo tipo de organización.

Su principal objetivo es la mejora de la calidad de la información, gracias en parte al dialogo con los grupos de interés de las organizaciones, no analiza los niveles de desempeño de las mismas.

GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

Código de Buen Gobierno Corporativo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desarrolló en 2006 el documento unificado de Buen Gobierno. Dicho código unifica y actualiza las recomendaciones sobre buen gobierno de sus precedentes Olivencia y Aldama.

Documentos de referencia

Información sobre el marco nacional e internacional de RSC

NACIONAL

Documentos de trabajo del Consejo Estatal de RSE (CERSE) Creado en el año 2008 se trata de un órgano paritario formado por 56 56 vocales representando a la Administración, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales e instituciones de prestigio en el ámbito de la RS. Su función es ser un órgano asesor y consultivo del Gobierno (no ejecutivo) que identifica y promociona mejores prácticas y propone las políticas de responsabilidad social al Gobierno.

Informe de la Subcomisión para potenciar y promover la Responsabilidad Social de las Empresas.

La Subcomisión Parlamentaria de RSC fue constituida en febrero de 2005, con el objeto de estudiar las nuevas tendencias vinculadas a la incorporación de los principios de Responsabilidad Social por parte de las empresas, con la finalidad de proponer un conjunto de medidas al Gobierno para potenciar y promover la RSC de las mismas.

Presentó sus conclusiones finales en junio de 2006, recogidas en un documento llamado “Libro Blanco de la RSC”. El documento, aprobado por unanimidad, es el primero de este tipo reconocido por un parlamento Europeo. Las recomendaciones, 57 en total, son propuestas de políticas públicas a las organizaciones en general: empresas y gobierno.

Informe del Foro de Expertos en Responsabilidad Social de las Empresas Constituido el 17 de marzo de 2005, y culminado sus trabajos en julio de 2007, el Foro de Expertos en RSE ha reunido a 40 representantes de todos los sectores sociales: ONG, Universidad, empresas y Administraciones Públicas, con la finalidad de facilitar, a través de sus conclusiones, la labor del Gobierno a la hora de elaborar una ley sobre RSC. La Responsabilidad Social Corporativa Observatorio de RSC 25 A través de las reuniones celebradas, el foro ha permitido avanzar en la definición de roles y actuaciones necesarias para el fomento de la RSC. Los documentos de trabajo recogen las posiciones consensuadas de sus integrantes.

INTERNACIONAL

Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. Naciones Unidas (2011). Aprobados por consenso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011. Son el principal conjunto de principios producido por la ONU sobre el tema de empresa y Derechos Humanos. Elaborado por el equipo de John Ruggie representante especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos (periodo 2005-2011).

Informes (2006-2011) del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie. Asamblea General de Naciones Unidas.

Una nueva estrategia de la UE 2011-2014 sobre Responsabilidad Social Corporativa. Comisión Europea (2011).

Política de la Unión Europea referente a la RSC. La Comisión Europea marca una estrategia en RSC que obliga a los Estados miembros de publicar planes nacionales de RSC en concordancia con las iniciativas internacionales e insta a la Comisión a regular el reporte no financiero en las grandes empresas. También aporta una nueva definición que desvincula la RSE de la acción puramente voluntaria por parte de la empresa.

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, Organisation for Economic Co-operation and Development , (actualización 2011) Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales, y han sido suscritas por los 30 miembros de la OCDE y 8 países no-miembros (Argentina, Brasil, Chile, Eslovenia, Estonia, Israel, Latvia y Lituania).

Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable en terrenos como publicación de informaciones, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores y ciencia y tecnología.

Diez años después: Evaluando el aporte de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales a la conducta empresaria responsable. OCDE Watch (2010) OCDE Watch es una red internacional de más de 47 ONG, creada para facilitar las actividades de las ONG entorno a las Directrices de la OCDE y el trabajo del Comité de Inversión. Este informe evalúa la efectividad de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales tras 10 años de su puesta en marcha.

Sobre la responsabilidad social en las empresas: una nueva asociación. Richard Howitt. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Parlamento Europeo (2006) Richard Howitt, portavoz del Parlamento Europeo sobre RSC, elaboró un informe sobre la situación actual de la RSC en el marco de la Comisión Europea: “Report on CSR: a new partnership” (Nov.2006). Fue aprobado por el Parlamento Europeo en Marzo de 2007.

En dicho informe se establecen una serie de recomendaciones tanto a la Unión Europea, a la Comisión, al Parlamento Europeo o a los propios gobiernos y administraciones de los estados miembro.

Se tratan, entre otros temas, el establecimiento de criterios que deben ser respetados por las empresas que se consideran responsables, la revelación de lobistas y grupos de presión, el compromiso con estándares internacionales generalmente aceptados y monitoreo independiente para las actividades de RSC, el seguimiento y evaluación de las empresas europeas a lo largo de sus cadenas de subcontratas fuera de la UE, el informe social y medioambiental en forma conjunta con el reporte financiero, la responsabilidad La Responsabilidad Social Corporativa Observatorio de RSC 27 de los directivos respecto de publicidad engañosa, así como de prácticas comerciales injustas o la inclusión de la RSC en acuerdos de comercio.

Carta de sociedad civil a John Ruggie. 2007 Petición a John Ruggie, subscrita por 150 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, con recomendaciones sobre la protección de los Derechos Humanos en el contexto de las actividades empresariales.

 

Observatorio de RSC

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