La urgente necesidad de mejorar la contratación pública en España

 

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Recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicó un interesante análisis sobre la contratación pública en España. Se trata de PRO/CNMC/001/15: Análisis de la Contratación Publica en España: oportunidades de mejora desde el punto de vista de la competencia, disponible en su web www.cnmc.es. En dicho documento se pone de manifiesto cómo la contratación pública en los países desarrollados excede del 15 % del Producto Interior Bruto (PIB) y, concretamente, en España se sitúa alrededor del 18,5 % del PIB, esto es, la cifra nada desdeñable de 194.000 millones de euros.

También se afirma como  el sector público en España “debe autoimponerse una contratación cada vez más transparente, procompetitiva y eficiente en beneficio de los ciudadanos, de las empresas y de las propias Administraciones Públicas”. Para ello, a juicio del regulador, la libre competencia resulta clave para optimizar empleo de dinero publico, así como para que las Administraciones Públicas eliminen restricciones injustificadas a los operadores y se lleguen a erradicar prácticas anticompetitivas, tales como el big rigging.

La CNMC reconoce en su Informe que cuando la competencia falla se produce invariablemente una pérdida de eficiencia económica y un innecesario desaprovechamiento de los recursos públicos, al tiempo que aumenta el riesgo de colusión y lo que es más importante la ausencia de presión concurrencial puede originar desviaciones al alza en la contratación del 25% del presupuesto de la contratación. Se propone una serie de medidas para que haya una mejor práctica contractual del sector público en España, entre las que se encuentran las siguientes: la necesidad de mayor acceso, transparencia y publicidad en las licitaciones, que conlleve un mayor empoderamiento de los usuarios y consumidores (a día de hoy a veces conseguir los pliegos de una licitación sigue siendo una labor ímproba en España),  así como una mayor estandarización de las diferentes categorías de contratos; además se pone de relieve, por la CNMC, la necesidad de evaluar la eficiencia económica y la competencia efectiva en la contratación pública e intentar evitar que el Órgano de contratación realice una inadecuada aproximación de costes, proponiendo el regulador que los Órganos de contratación acudan a instrumentos, como las auditorías de costes.

El Informe, asimismo, como todo Informe que se precie actualmente, sugiere la creación de un organismo externo especializado que pueda evaluar la eficiencia económica y nivel de competencia de los procedimientos (¿no lo podría hacer la propia CNMC, como en el caso sueco con la Autoridad de la Competencia (KKV) o los órganos fiscalizadores de las administraciones?; ¿no estábamos adelgazando el sector público?).También se pone de manifiesto la necesidad de mayor cooperación administrativa, el simplificar procedimientos y mejorar la contratación publica mediante procedimientos electrónicos. Se pone como ejemplo paradigmático la contratación electrónica de Portugal y la de beneficios que genera. La e-contratación puede suponer un ahorro, nada desdeñable, de entre el 6 y el 12 % de los gastos totales en contratación. Asimismo se propone una base de datos única a nivel estatal para todas las Administraciones Publicas y los poderes adjudicadores, así como reducir la dispersión normativa de la contratación pública (uno de los males de nuestro ordenamiento jurídico que no para de crecer con el abuso de leyes ómnibus y el cajón de sastre, y desastre, de las Disposiciones Adicionales de las leyes, que incluyen contenidos que modifican otras leyes que nada tienen que ver con el objeto de la ley en cuestión). Bajo la oportunidad de la transposición de las citadas Directivas se propone reformas orientadas a reducir esa dispersión normativa (difícil reto) y ajustar la misma a los principios de competencia económica efectiva y de regulación económica eficiente. El Informe se refiere además a las necesidades de incorporar a nuestro Ordenamiento las nuevas Directivas de Contratación (Directivas 23,24,25 del año 2014), cuyo plazo de transposición vence el 21 de abril de 2016, y de incrementar la cooperación entre la CNMC y la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

De la lectura del Análisis de la CNMC subyace que hace falta algo más que unos arreglitos de “chapa y pintura” en la Contratación del sector público de España, sino una reforma estructural en toda regla. Si bien, parece que la difusión y repercusión del Análisis de la CNMC  ha sido escaso, como si hoy no tocase hablar de este tema. Nuestros dirigentes tienen puesto ya la vista en el calendario electoral y dicho Informe corre el riesgo de quedar con telarañas guardado en el cajón de los olvidos de cualquier Ministerio. Mientras tanto  la corrupción no parece detenerse y sustrae a los españoles unos recursos equivalentes al 1% del PIB, siendo el campo de la contratación publica donde se tiene la percepción de que la corrupción campa  más libre a sus anchas. Parece, por tanto, que mejorar la contratación del sector público urge en España y no habría que esperar hasta abril de 2016 para hacer cambios normativos. Cabe preguntarse, ¿se habrán leído, al menos, nuestros políticos, gestores y órganos de contratación de Ayuntamientos y resto de las administraciones públicas este demoledor análisis de la CNMC? Cualquiera sabe.

 

Pablo Toral Oropesa, Asociado en Cremades & Calvo-Sotelo

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