¿Podemos hablar de exclusión financiera en España?

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La exclusión financiera ha constituido una preocupación relativamente leve en nuestro país durante las últimas décadas. El problema, identificado en el siglo XIX, ya se resolvió a través de la creación de las cajas de ahorro y de las cooperativas de crédito, entidades que surgieron para llevar servicios de ahorro y préstamo a colectivos de bajos recursos, zonas rurales, comunidades locales…todos ellos ignorados por los bancos comerciales, centrados en las personas adineradas de ciudades grandes o medianas y en sectores industriales o comerciales de alto dinamismo. Esta segmentación del mercado demostró funcionar durante un largo periodo de más de un siglo. Así el acceso a los servicios bancarios y su adecuación a los diferentes públicos a atender parecía un tema resuelto. España se convirtió en el país europeo con mayor número de sucursales por habitante y con una alta bancarización (97,7% de los hogares disponían de una cuenta bancaria en el año 2006)

Pero todo se comenzó a complicar en los 80, tras la segunda crisis del petróleo de 1979, que conllevó también una crisis del crédito industrial y de la deuda internacional: las empresas comenzaron a mirar hacia los mercados de capital para financiarse y los bancos comerciales se dirigieron hacia el mercado minorista, hasta el momento en manos de las cajas de ahorro. Las cajas comenzaron a reclamar mayor libertad de expansión y crecimiento, para poder ser equiparadas operativamente y competir con los bancos, y ahí comenzó a desfigurarse el modelo tradicional de banca social y vinculada al territorio, emulando el modelo de banca comercial. El remate consistió en el posicionamiento irracional de las cajas en el negocio inmobiliario desde finales de los 90 para competir en un entorno de bajos tipos de interés, y ya no sólo con los bancos comerciales, sino entre ellas mismas. Parece lógico que tanto los procesos de apertura de los 80 y 90, como la globalización posterior, conllevaran cambios. Pero Jack Revell en 1989 alertó sobre los perniciosos resultados de una competencia entre cajas alentada por la liberalización, proponiendo un modelo de ‘competencia conjunta’ en el que el sector debía colaborar creando sinergias con el objetivo de competir eficientemente con la banca comercial y las cooperativas de crédito. Se hizo justamente lo contrario. Pero conviene insistir, para los nostálgicos de un modelo de banca social casi perdido, que las complejas causas de la desaparición de las cajas se remontan a los cambios del mercado y a la desregulación iniciados en los 80, y que no sólo se deben a los excesos pre-crisis de políticos que jugaron a ser banqueros. Se trata en realidad de un cambio sistémico apoyado en premisas neoliberales, aunque el mensaje transmitido a través de los medios de comunicación suele ser más simplista y basarse en esos ‘escándalos’ fácilmente digeribles por ‘los espectadores’, que transmiten la idea de que lo público o semipúblico no funciona.

Más complicado está resultando desmontar el tejido de cooperativas de crédito y cajas rurales, (debe de ser que los escándalos abundan menos en el sector). El argumento oficial, procedente del BCE, gira en torno a la insuficiencia de las pequeñas entidades de depósito para afrontar sus responsabilidades de solvencia y garantías, y la necesidad de aumentar la eficiencia (aunque precisamente este subsector ha sido el que mejor ha capeado la crisis, sin necesidad de ayudas). Sea lo que fuere, de momento se ha aparcado el proyecto de concentración de estas entidades en dos únicos y grandes grupos, que es de esperar que fueran también presionados para su salida a bolsa en pro de una receta única de entidad supuestamente solvente: el gran banco cotizado, actor de un mercado oligopolista.

Justamente este es el panorama que predomina en países como el Reino Unido y donde la concentración de los servicios bancarios ha generado problemáticas como la disminución de las posibilidades para elegir o cambiar de banco, servicios deshumanizados, estandarizados y sobre todo la generación de una masa estructural de personas financieramente excluidas que ha conllevado el crecimiento exponencial de usureros como los ‘payday lenders’ o las casas de empeños.

Tampoco es casual esta problemática: las personas con mayor precariedad de recursos se ven abocadas a recurrir al préstamo. Más allá de que sean o no rechazadas por las entidades bancarias para abrir una cuenta (o ésta sea demasiado costosa, por lo que la propia persona renuncia a disponer de ella), el acceso al crédito se conforma como una imposición a la vez que una restricción para los colectivos económicamente más vulnerables: La desigualdad ha aumentado vertiginosamente en los últimos años, el mercado de trabajo es más precario que nunca, disponer de un empleo no significa salir de la pobreza, los ingresos son temporales e insuficientes, y afrontar cualquier gasto extraordinario (como comprar medicinas o los libros de texto) implica recurrir al endeudamiento. Pero los préstamos, cuando no proceden de la familia o amigos, son difícilmente accesibles: la banca no presta y menos a personas con pocas garantías (la época del crédito fácil pasó) o implican un coste altísimo. Debe tenerse en cuenta que, en términos macro y a lo largo de los últimos 30 años, la estabilidad laboral ha ido disminuyendo a la vez que aumentaba la liberalización económica y el volumen de endeudamiento de las familias: un gran negocio para la banca cuando el consumo ya no puede financiarse mediante el ahorro y sí mediante el crédito.

Probablemente en España el crecimiento de la usura en el periodo de crisis haya sido menor que, por ejemplo, en el Reino Unido, por ese tejido familiar y social fuerte que también ha hecho que muchas familias pudieran seguir alimentándose o disponiendo de un techo. Pero esto no enmascara la realidad de que es un sistema neoliberal el que provoca estas necesidades y la solidaridad de la sociedad la que tiene que resolver el problema, sin apenas responsabilidad para los reguladores o la industria que perpetúan este sistema: no resultaría responsable conceder crédito a personas con dudosa capacidad de repago o que pueden caer en el sobreendeudamiento, ¡fíjense en las hipotecas subprime! Pues sí, me fijo, pero ya me dirán cómo salir de este punto muerto.

Aun así podemos sentirnos aliviados de que seguimos manteniendo buenos indicadores de acceso a otro tipo de servicios bancarios, como cuentas de transacción o ahorro. La bancarización en España parece mucho más accesible que en países de nuestro entorno como Italia o Portugal. Seguimos con sucursales en (casi) cada esquina…pero éstas han cambiado. La red se ha reducido en una tercera parte, sí, cosa que parece lógica pues la expansión a comienzos del siglo XXI había sido excesiva. Pero su ritmo de desaparición no ha sido homogéneo: en zonas urbanas, donde es más fácil que los usuarios sean absorbidos por las sucursales colindantes, la reducción de oficinas ha sido más intensa en barrios con menor actividad económica, menores niveles de renta y mayor porcentaje de población extranjera. También es relevante señalar que en 2008, el momento de mayor expansión de la red bancaria, la ‘saturación’ (personas por oficina) podía ser ya el triple entre las oficinas de zonas más o menos favorecidas. Tras la reestructuración estas diferencias se han agravado y podemos afirmar que la tendencia va hacia un modelo doble de servicios bancarios: la banca low-cost, con sucursales más saturadas, atención menos personalizada y canalización de la operativa (básica) a través de terminales tecnológicas, para aquellos clientes menos rentables; y la banca de valor añadido, de atención personalizada y diversificación de la oferta de productos y servicios para los clientes con mayor capacidad de ahorro e inversión, los más rentables.

No obstante, las personas vulnerables y en situación de precariedad siguen constituyendo un mercado al que dirigirse. Quizá por la tradición bancaria española, porque las ex-cajas aún están en proceso de transformación y asunción de su espíritu de empresas con accionariado, o quizás porque siempre existe el recurso de cobrar mayores comisiones a las cuentas de menores saldos, pero la denegación de cuenta bancaria a personas de bajos ingresos aún no es una problemática grave en nuestro país. La cuestión, mucho menos evidente, es si la desigualdad también se ve agravada en cuanto a las condiciones en las que las personas utilizan los servicios bancarios. Téngase en cuenta lo difícil que es explicarle a una terminal electrónica o a un algoritmo informático que queremos retrasar un recibo porque, de los tres contratos laborales que hemos tenido esta semana, dos pagadores realizarán el abono de nuestro salario al mes siguiente. Y téngase en cuenta también que, en algún momento y en algún lugar, se ha considerado el acceso a los servicios bancarios, e incluso al crédito, como un derecho ciudadano en vez de como una mera actividad comercial.

 

Beatriz Fernández Olit de Economistas sin Fronteras y miembro del Observatorio de RSC

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